Pobres diablos
Vengo de un país en el que lo primero que hacen los políticos neoliberales es aprobar una plaza de funcionario para tener un trabajo vitalicio en la administración del Estado. Una vez garantizado el asunto laboral, se entregan con convicción al ejercicio de la política para defender la necesidad de un mercado libre de regulaciones en el que el Estado aparezca poco y perezca por inanición. Curiosa manera de afrontar la vida: no creen en un Estado fuerte ni en el empleo público pero por si acaso se hacen funcionarios. Y después se dedican a impartir doctrina neoliberal y a construir panegíricos de lo privado; el mercado tiene los mecanismos de corrección necesarios para generar riqueza y evitar desigualdades. Ya se sabe, la ele con la a del pensamiento de Smith, de probados resultados como se ha demostrado.
Estos neoliberales españoles denuncian las intromisiones del estado en los asuntos de la economía pero exigen su irrupción a machamartillo en los de la moral. Cabría decir que en los de su moral. Según esta cínica teoría, el Estado no debe intervenir en los mercados financieros y su natural tendencia reguladora sólo puede interpretarse como una intolerable alteración del marco de las libertades individuales, tan santificadas cuando la cuestión es ganar dinero. Tales libertades sólo existen, parece ser, para que la gran juerga de la economía de mercado y del capitalismo se celebre sin horarios de cierre y sin límite de decibelios.
Otro asunto es la libertad de conciencia para decidir sobre temas que en rigor sólo pertenecen al ámbito privado del individuo como el aborto, el matrimonio, el divorcio o la religión. Éste ya es campo minado. El ciudadano sí que necesita entonces una tutela y estos neoliberales apelan socorridos a un Estado fuerte que impongan el imperio de la ley para evitar que la moral difusa se convierta en libertinaje y acabe permitiendo que cada uno haga lo que le dé la gana. ¿En qué quedamos? No es necesario un Estado que imponga algunos principios básicos de la convivencia democrática como la solidaridad, la equidad, el reparto justo de la riqueza o la igualdad; pero sí que es apropiado reclamar un ámbito de gobierno superior que exija –o imponga mediante leyes ad hoc-, el cumplimiento del manual de decencia y buenas costumbres. Las costumbres de las gentes de ley y orden de toda la vida, que como la historia de España enseña, siempre han estado muy sensibilizadas con mantener la paz aunque fuera a base de unos cuantos golpes de estado y algunas guerras.
Vengo de un país en el que una parte cada vez mayor de sus ciudadanos no tiene trabajo ni se espera. Un país en el que el 50% de sus jóvenes menores de 25 años está en paro. Es un país en el que, pese a todo, existen miles de personas que defienden unas medidas que abocan a millones de españoles a la ruina mientras una minoría mantiene intactas su riqueza y privilegios. En vez de girar el dedo acusador hacia esa minoría, los ciudadanos de este país, reeditando las viejas cuitas de siempre, nos hemos convertido en los tontos útiles que hacen el trabajo sucio mientras los de arriba nos miran con ternura y suspiran: “pobres diablos”.
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Carlos J -