El signo de los tiempos

A vueltas con los símbolos religiosos

Reproduzco el artículo que publicaba en la edición de ayer de El País el historiador zaragozano Julián Casanova. Clarificador como siempre.

La Iglesia católica y el Estado español estuvieron atados durante mucho tiempo de nuestra historia contemporánea por estrechos lazos ceremoniales y el legado que de ello queda es todavía considerable. Se suele atribuir esa herencia a la larga época de privilegios institucionales que la Iglesia tuvo durante la dictadura de Franco, pero su origen y fundamentos básicos se encuentran en el sistema político de la Restauración borbónica. En realidad, sólo la Segunda República dio una batalla a esa presencia de manifestaciones religiosas en la sociedad civil. Durante el período de gestación de la democracia actual, los políticos no quisieron que ese tema turbase la necesaria estabilidad para llevar a cabo la transición e hicieron a la Iglesia católica importantes concesiones. Y aunque la Iglesia no es, treinta años después, una amenaza real para el régimen constitucional y la sociedad española es ahora mucho más diversa y plural, los símbolos de la religión católica todavía se exponen públicamente en algunas ceremonias políticas.

El artículo 11 de la Constitución de 1876, la de más larga duración de la historia de España, plasmó un reconocimiento explícito del catolicismo como religión oficial del Estado. Entre esa Constitución de 1876 y la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, la Restauración borbónica presidió un auténtico renacimiento católico, tras los efectos de las desamortizaciones y de las revoluciones liberales del siglo XIX, y abrió nuevos caminos de poder e influencia social a la Iglesia. Los poderes políticos, con el rey a la cabeza, repartían honores a las instituciones eclesiásticas y los símbolos religiosos penetraron en todas las ceremonias de la administración civil y militar. De los primeros años del siglo XX procede el culto masivo a la Virgen del Pilar y al Corazón de Jesús, dos emblemas de la religiosidad popular española. Fue Alfonso XIII quien mandó erigir en 1919 el majestuoso monumento al Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles. Dos años antes, en 1917, el mismo monarca había declarado el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, fiesta nacional, símbolo de la "hispanidad" y de la unidad católica.

Con la llegada de la República, se abrió un abismo entre dos mundos culturales antagónicos, el de los católicos practicantes y el de los anticlericales convencidos, y salió también a la luz una enconada lucha, de fuerte carga emocional, por los símbolos religiosos. La Marcha real, que durante la Monarquía se escuchaba en las misas oficiales en el momento de la consagración, pasó a considerarse una de las señas de identidad de la reacción, una provocación, igual que todas las manifestaciones religiosas. La retirada de los crucifijos en las escuelas provocó lloros en muchos pueblos de España. Otros protestaron por la supresión de las procesiones. Así de estrecha era la identificación entre el orden y la religión, la monarquía y la política autoritaria de derechas.

Esa simbiosis entre la religión y la política se consumó con la sublevación militar de julio de 1936 y antes de que la jerarquía de la Iglesia católica convirtiera oficialmente el asalto al poder en cruzada, las ceremonias político-religiosas se extendieron por toda la España controlada por los militares que se habían sublevado contra la República. Especial carga simbólica tuvieron los innumerables actos de "reposición" y "regreso" de los crucifijos a las escuelas en los comienzos de aquel curso escolar de 1936-37. La abolición de la legislación republicana y la reposición de la España tradicional se daban la mano con los niños como testigos. Tras la victoria de las tropas de Franco en abril de 1939, los ritos y las manifestaciones litúrgicas llenaron las calles de pueblos y ciudades. La Iglesia y la religión católica lo inundaron todo: la enseñanza, las costumbres, la administración y los centros de poder.

Cuando murió Franco, el 20 de noviembre de 1975, la Iglesia católica española ya no era el bloque monolítico que había apoyado la Cruzada y la venganza sangrienta de la posguerra. Pero el legado que le quedaba de esa época dorada de privilegios era, no obstante, impresionante en el sistema educativo, en los aparatos de propaganda, en los medios de comunicación y en la presencia de los ritos y símbolos religiosos en las ceremonias públicas.

A la democracia que siguió a la larga dictadura no le resultó fácil deshacer ese legado de fuertes vínculos entre el poder civil y el eclesiástico. Los acuerdos firmados desde 1976 a 1979 entre los primeros gobiernos de la transición, presididos por Adolfo Suárez, y el Vaticano, que tuvieron a la educación y a la protección de las finanzas de la Iglesia como principales focos de conflicto, determinaron el marco jurídico que la Iglesia católica iba a tener dentro del Estado democrático. La democracia y sus órganos de poder dieron a partir de ese momento a la Iglesia un trato exquisito. Nadie puso objeciones a que los ritos de la liturgia católica estuvieran presentes en los actos públicos de las nuevas instituciones democráticas

Aunque la Constitución de 1978 estableció que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", persisten en la actualidad ceremonias religioso-patrióticas a las que asiste el Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, como ya habían hecho antes su bisabuelo Alfonso XII, su abuelo Alfonso XIII y el general Franco; las autoridades políticas participan oficialmente en procesiones religiosas; la Iglesia católica nombra capellanes castrenses y profesores de religión, que paga el Estado; y el crucifijo preside todavía la toma de posesión de los ministros de la democracia. El peso del catolicismo como religión única está presente incluso en la reciente Ley de Memoria Histórica y en su intento por preservar las inscripciones de los mártires de la Cruzada en las iglesias. Un Estado constitucionalmente aconfesional sigue concediendo, en suma, un trato especial y privilegiado a la Iglesia católica, al que en absoluto tienen acceso los restantes credos religiosos.

La mayoría de esos ritos adquirieron un profundo carácter político en otros tiempos, cuando la Iglesia católica se consideraba fuente de verdad absoluta y el catolicismo como única religión de los españoles. Los ritos religiosos tienen un significado individual, cultural y social, se eligen de forma libre, pero no deberían estar presentes en la política de un Estado democrático y aconfesional. El lugar apropiado para esos símbolos es la iglesia, la de cada uno, y no el trabajo, la escuela o el espacio público.

En una sociedad plural, con diferentes religiones y muchos ciudadanos que no profesan ninguna, las instituciones públicas deberían permanecer al margen de la religión. Las sociedades caracterizadas por el pluralismo cultural están también marcadas por el pluralismo ritual y son el Estado y sus poderes quienes deben resolver los posibles conflictos. Cuando una de esas religiones anhela principios uniformes y niega la libre elección, lo que hace es desafiar a la Constitución y estimular el fundamentalismo, la antítesis de esta convivencia plural que estamos construyendo.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Republicanos

El 14 de abril de 1931 España fue una fiesta. Lo sabemos por las fotos de Alfonso en Madrid, por las de Martín Chivite en Zaragoza, las de Centelles en Barcelona, las de De las Heras en Jaca… la primavera republicana iluminó a los españoles de esperanza y anhelos de regeneración y justicia. Si alguna vez este país se levantó unido por un entusiasmo colectivo, si la República fue alguna vez feliz e hizo feliz, lo fue aquella tarde del 14 de abril de 1931, cuando Alfonso XIII abandonó España y el gobierno provisional republicano asumió el poder.

            De un tiempo a esta parte se han multiplicado exponencialmente los Círculos Republicanos por todo el país. Es una buena noticia. El pudor conminatorio de la Transición y cierta amnesia provocada por un inconsciente y perdurable sentimiento de culpabilidad habían reducido el republicanismo español al ámbito íntimo y al universo de la izquierda desacomplejada.

            Han tenido que pasar tres décadas desde la muerte del dictador para que en este país se pueda hablar y vindicar la República sin la compañía habitual de un halo autoinculpatorio y furtivo. Si como decía Azaña la “República o es democrática o no lo es”, sigue siendo un misterio el perverso mecanismo de la mente humana que bloqueaba hasta no hace mucho la legítima defensa de esta tautología. La quiebra que ocasionó el franquismo en la cultura democrática de este país es posiblemente la principal razón de esta sinrazón. Y esos espesos y pegajosos polvos nos han dejados unos lodos que no  logramos quitarnos ni con agua hirviendo.

            Ahora se ha hecho habitual que los que nos sentimos republicanos reunamos nuestra fe en torno a una mesa y un mantel una vez al año. Sin duda, el republicanismo español todavía se conforma con muy poco, consecuencia a mi entender de un lacerante complejo de inferioridad que es necesario enterrar definitivamente para aspirar a una tercera república. Lo que comenzó siendo una vía de oxigenación democrática y la recuperación de un orgullo maldito, ha derivado en una impostada retórica de formas y gestos. Como escribió con malévola puntería cierto escritor, han proliferado en los últimos años los republicanos de mesa y mantel, que se visten con la tricolor una vez al año, gritan “salud y república”, se cagan en los borbones y en los curas y berrean el Himno de Riego en su popular versión anticlerical. El ardor republicano dura lo que dura la cena.

            Al día siguiente muchos de ellos vuelven a sus reuniones de cofradías, llevan a sus hijos a colegios católicos, explotan a los trabajadores inmigrantes, practican la xenofobia, cuestionan el exceso de libertad de la democracia, maldicen a catalanes y vascos, y matizan que no son monárquicos, que son “juancarlistas”. Algunos también se embarran en ese insólito placer de las conjuras políticas y cortesanas, tan propio de partitocracias y políticos de medio pelo.

            En una conferencia sobre la educación para la ciudadanía, José Miguel Sebastián se veía en la obligación de recordar que “la ciudadanía republicana es la disposición del ciudadano a comprometerse con la cosa pública” y que la democracia “no se limita a que los ciudadanos elijan a sus representantes cada cuatro años”. El republicanismo democrático incide, para Sebastián, en la búsqueda de fórmulas de democracia deliberativa “que permitan al ciudadano ser algo más que un mero elector, incentivando su participación en los asuntos públicos e introduciendo mayores exigencias de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”.

            Tengo la fundada sospecha de que en España ese concepto cívico de naturaleza republicana es inexistente. Es lo que el filósofo Philip Pettit definía en su conocido libro “Republicansimo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno”, como la necesidad de “repensar las instituciones democráticas, desplazando la noción de consentimiento a favor de la disputabilidad”. Creo que hay una importante mayoría de ciudadanos que se encuentra más cómoda en su condición de súbditos usufructuarios del sistema de libertades.

            La asistencia a estas comidas me ha hecho llegar a otra conclusión igual de lamentable: la República es un concepto que se guarda en formol como la iglesia guarda los restos de un santo en una urna. Los expone una vez al año para agitar la fe de los fieles y alimentar el dogma. No conviene abrir debates porque se corre el riesgo de cuestionar la infabilidad. Estoy cansando y aburrido de que el aniversario de la República sólo se utilice para recordar la memoria de los fusilados en la Guerra Civil, llorar el drama del franquismo y denunciar los estragos de la represión. Todo este trabajo de historiadores e investigadores es fundamental, no hay duda, para recomponer la dignidad de este país y hacer justicia con los que no la tuvieron durante 40 años. Pero es llamativo que en el empeño del desagravio se caiga en el tremendo error de ratificar las tesis de la historiografía franquista de presentar la Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura como la consecuencia directa del caos republicano, en una sucesión histórica indisoluble.

            Albergo la impresión de que algunos de los que promueven estas conferencias, mesas redondas y seminarios en el marco de la efemérides republicana no tienen el menor interés por entablar debates actuales y valientes sobre la vigencia y sentido del discurso republicano en los albores del siglo XXI. Y no lo tienen porque más de uno se vería retratado. Resulta muy placentero reivindicar la memoria de la Segunda República pero muy comprometedor trabajar por la Tercera en la búsqueda de la virtud cívica o, lo que es lo mismo, una ciudadanía que se autogobierne en lo público y en lo privado, en palabras de José Miguel Sebastián. Añoramos la nostalgia de lo que nos hubiera gustado ser pero sabemos complacidos que nunca nos veremos en la obligación de serlo.

            Aquél lejano 14 de abril de 1931 millones de españoles se echaron a las calles convencidos de que la nueva República iba a traer por fin el impulso necesario para regenerar, modernizar y culturizar el país. El golpe de estado de la cuadrilla de militares africanistas frenó ese ímpetu; pero a mi me gustaría que cada 14 de abril se reviviera de verdad el fervor republicano, que cada acto fuera una fiesta reivindicativa y no un coro de plañideras con la tricolor en la cabeza.