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Juan Gavasa

Buitres

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La situación de las aves carroñeras en la cordillera pirenaica es crítica. La normativa europea que prohíbe desde 2002 el abandono de restos animales en el campo y obligó al cierre de los tradicionales muladares, ha provocado un alarmante descenso en la población de rapaces necrófagas, principalmente del buitre, y el cambio en los hábitos de muchas especies. La falta de alimento ha sido la causante de lo que el biólogo del Instituto Pirenaico de Ecología, César Pedrocchi, ha definido como una “catástrofe ecológica”. Según algunos datos aportados por asociaciones ecologistas como ANSAR o el Fondo de Amigos del Buitre, en los últimos años las colonias censadas en el norte de la península ibérica han perdido entre un 30 y 40% de sus crías.

            La península es la mayor reserva europea de rapaces y por ello la comunidad científica, los ganaderos y los ecologistas consideran que la UE debería de aplicar una normativa más flexible atendiendo a la excepcionalidad del estado español.  En concreto defienden que se vuelva a la situación anterior a la normativa de 2002 para la retirada de cadáveres de animales en las explotaciones ganaderas extensivas, pero con todas las garantías sanitarias. Gerardo Báguena, de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos reivindica que “la labor de la ganadería extensiva ha sido el mejor ejercicio de conservación de las aves necrófagas durante siglos”.

            El problema surge hace  seis años cuando la aparición del llamado “mal de las vacas locas” desató un aluvión de drásticas medidas sanitarias que, en muchos casos, tuvieron más un perfil burocrático y preventivo que una razón práctica. Es el caso de la normativa que acababa con la costumbre milenaria de dejar los animales muertos en el campo o en muladares, y que era el alimento principal de las rapaces necrófagas, al tiempo que servía para completar la cadena trófica. Desde entonces, es la administración la que se encarga de recoger los animales muertos previo aviso del ganadero.

Esta ley dejó en condiciones de precariedad absoluta a especies protegidas como el buitre leonado, el quebrantahuesos, el milano negro o el alimoche. Las regulaciones que introducía la normativa limitaban las posibilidades de alimento de las aves a determinados animales muertos y sus productos, siempre bajo unos estrictos controles sanitarios previos. Como señala Pedrocchi, “se dio la paradoja de que por un lado la UE destinaba fuertes cantidades de dinero para proteger estas especies y por otro introducía una normativa sanitaria que era en la práctica su sentencia de muerte”.

            En el año 2005 se revisó y flexibilizó la normativa con la autorización para la instalación de comederos regulados bajo estrictas medidas sanitarias. Aragón es junto con Castilla León la comunidad autónoma con mayor censo de rapaces carroñeras de todo el estado. El gobierno autónomo creó la Red de Comederos de Aragón (RACAN), que en la actualidad cuenta con 32 puntos (8 de ellos destinados exclusivamente al quebrantahuesos) y espera ampliar durante 2008 hasta los 40. Sin embargo, esta solución no ha logrado resolver el problema porque la demanda de alimento de las carroñeras sigue siendo muy superior a la oferta. Ecologistas y ganaderos consideran insuficiente el número de instalaciones previsto y alertan además de la falta de seguridad en los vallados que se han instalado para cercar los comederos.            

La falta de alimento ya ha generado un impacto notorio en la población. Al ya citado descenso en el número de pollos hay que sumar el cambio en el comportamiento de los animales, los ataques al ganado enfermo o el inevitable viaje a otras latitudes en busca de comida. Se han llegado a localizar buitres aragoneses en Bélgica u Holanda. Los ataques al ganado, aunque escasos, responden a un axioma natural que recordaba un ganadero aragonés: “si no pueden comer de lo muerto lo tendrán que hacer de lo vivo”. Sin embargo, todas las asociaciones ecologistas y naturalistas han reconocido “la extrema sensibilidad de los ganaderos para entender que el problema no lo han generado los buitres sino quienes les han retirado la comida” reconoce David García, del Fondo de Amigos del Buitre.

            En mayo del pasado año se aprobó un nuevo Real Decreto que permite nutrirse a las necrófagas de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano (restos de mataderos fundamentalmente) y que habían sido retirados tras la aparición de encefalopatías espongiformes trasmisibles. Es un notable avance sobre el texto original pero difícilmente contribuirá a corto plazo a minimizar los nocivos efectos sobre la población de rapaces. “Supone un respiro para muchas aves amenazadas en España pero hay que hacer más esfuerzos” han indicado las organizaciones WWF/Adena y Seo/BirdLife.

            En el estado español, cada comunidad autónoma ha emprendido medidas unilaterales cuando el problema demanda soluciones globales. A la ya citada red de comederos de Aragón, hay que sumar los dos puntos creados en Navarra que apenas pueden nutrir a los 6.200 buitres contabilizados en 2007, aunque según el miembro de la ejecutiva de EHNE (Sindicato Agrícola del País Vasco), Santos Galdeano “sabemos que se echa carne en otros dieciocho muladares que teóricamente no son legales”. En otoño de 2006 se había estimado ya en un 30% la caída en la población del buitre leonado en Navarra, no sólo por la falta de alimento sino también por los molinos eólicos y los venenos.

En Catalunya, la desaparición de los muladares o canyets se remonta ya a la década de los años 50 del pasado siglo debido a la paulatina desaparición de las principales rapaces peninsulares. La población del Pirineo catalán es notablemente inferior a la que se registra en Aragón o Navarra. No obstante, en 1989 se comenzaron a implantar los PAS (Puntos de Alimentación Suplementaria), destinados fundamentalmente a asentar la población de quebrantrahuesos.

Aragón, que es la comunidad que más comederos ha creado en los dos últimos años, ha propuesto al resto de gobiernos autonómicos una estrategia nacional que se debatirá el próximo mes de septiembre en la Conferencia Sectorial que reúne anualmente a todos los consejeros autonómicos de medio ambiente. Según Alberto Portero, Director General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón, “hay que uniformar las medidas para que cada comunidad no haga la guerra por su cuenta, este es un problema global, la enorme capacidad de movimiento de estas aves para buscar alimento hace que la gestión de estas poblaciones deba establecerse de manera conjunta y coordinada”.

Artículo publicado en el número 62 de la revista El Mundo de los Pirineos. La foto es del Fondo de Amigos del Buitre.

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